En el año 1983 el obispo José Guerra Campos en un escrito apelaba a la catolicidad del rey, y exigía que no firmase la ley del aborto. El episcopado en pleno acordó “No mezclar al rey” en este tipo de asuntos.
El pasado diciembre de 2009, en una misa franquista celebrada en Alcalá de Henares, el obispo Juan Antonio Reig Plá acusa al monarca de “cooperar con el mal” tras firmar la ley del aborto, y continua diciendo “la conciencia del rey tenía en este caso que situarse no ante la Constitución, sino ante aquello que es colaborar materialmente con el mal. Porque esto va a provocar que la muerte de inocentes siga adelante. El rey se ampara en la constitución, reiteró, en consecuencia los católicos tienen que votar la ley necesariamente en conciencia, en contra; y los que hayan votado a favor, tienen que saber que se ponen objetivamente en una situación de pecado”
La presión en su día hizo que el monarca llevara a consultas a la Santa Sede quien dedujo que el ordenamiento jurídico español no hace responsable al rey de las leyes emanadas del parlamento.
La Conferencia episcopal debería conocer sobre esta cuestión. Optan por guardar silencio, pero en privado no obstante, diversas fuentes aseguran que “no sería de recibo” traer a colación la “moralidad del rey”.
Consultados expertos en derecho constitucional, afirman que: en virtud de la Constitución el rey no tiene posibilidad de no sancionar una ley emanada del parlamento dejando claro que no se compromete su condición de católico ni sus posiciones personales por las que siempre ha cuidado de preservar en público.
Lo partidos políticos se pronuncian y piden la dimisión del obispo Reig Plá por las críticas hechas al rey y dicen: “O bien el obispo no conoce la constitución, o bien la cuestiona, pero sus palabras fueron desafortunadas”.
¿Debe o no firmar o sancionar el rey ante una ley que no está de acuerdo por convicciones religiosas., éticas y morales?
La Conferencia Episcopal deja este asunto sin cerrar. Llega a la conclusión de que a un diputado se le puede negar la comunión.
Para concluir el obispo Reig afirma contundente sobre lo que debe hacer el monarca y que no ha hecho, aclara: “puedo afirmar que es una cooperación remota con el mal”; y expresa el prelado su desacuerdo con la obligación constitucional que tiene el rey de firmar una ley.
En su día, cuando redactaron la constitución, pusieron especial interés en que no hubiera problemas morales para la actuación del rey.
El decreto de excomunión, invención fundada por el catecismo de la Iglesia católica y el derecho canónico, es una abominación aplicada a todos los desertores de la fe católica, pero si esto no se aplica, será la misma Conferencia Episcopal la que de cuentas a su dios de este pecado.
La moral católica según los católicos es una para todos los católicos pero en este entramado deja fuera un personaje, el rey.
Hoy los católicos se contradicen una vez más. El rey firma por encima de todos los políticos que sí son excomulgados. Según los católicos si el rey no firma esa ley genocida se queda sin sus privilegios económicos.
Dice el catecismo de la ICAR, el deber de rendir a dios un culto autentico corresponde al hombre individualmente y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera.
Los reyes y los príncipes no solo están exentos de la jurisdicción de la iglesia, sino que incluso les son superiores en la resolución de los conflictos de jurisdicción.
Letras apostólicas “multiples inter”, del 10 de junio de 1852:
“Qui abortum procurat, effectu secuto, in escomunicationem latae sententiae incurrit”. Quien procura el aborto si este se produce incurre en excomunión automática.
El pasado diciembre de 2009, en una misa franquista celebrada en Alcalá de Henares, el obispo Juan Antonio Reig Plá acusa al monarca de “cooperar con el mal” tras firmar la ley del aborto, y continua diciendo “la conciencia del rey tenía en este caso que situarse no ante la Constitución, sino ante aquello que es colaborar materialmente con el mal. Porque esto va a provocar que la muerte de inocentes siga adelante. El rey se ampara en la constitución, reiteró, en consecuencia los católicos tienen que votar la ley necesariamente en conciencia, en contra; y los que hayan votado a favor, tienen que saber que se ponen objetivamente en una situación de pecado”
La presión en su día hizo que el monarca llevara a consultas a la Santa Sede quien dedujo que el ordenamiento jurídico español no hace responsable al rey de las leyes emanadas del parlamento.
La Conferencia episcopal debería conocer sobre esta cuestión. Optan por guardar silencio, pero en privado no obstante, diversas fuentes aseguran que “no sería de recibo” traer a colación la “moralidad del rey”.
Consultados expertos en derecho constitucional, afirman que: en virtud de la Constitución el rey no tiene posibilidad de no sancionar una ley emanada del parlamento dejando claro que no se compromete su condición de católico ni sus posiciones personales por las que siempre ha cuidado de preservar en público.
Lo partidos políticos se pronuncian y piden la dimisión del obispo Reig Plá por las críticas hechas al rey y dicen: “O bien el obispo no conoce la constitución, o bien la cuestiona, pero sus palabras fueron desafortunadas”.
¿Debe o no firmar o sancionar el rey ante una ley que no está de acuerdo por convicciones religiosas., éticas y morales?
La Conferencia Episcopal deja este asunto sin cerrar. Llega a la conclusión de que a un diputado se le puede negar la comunión.
Para concluir el obispo Reig afirma contundente sobre lo que debe hacer el monarca y que no ha hecho, aclara: “puedo afirmar que es una cooperación remota con el mal”; y expresa el prelado su desacuerdo con la obligación constitucional que tiene el rey de firmar una ley.
En su día, cuando redactaron la constitución, pusieron especial interés en que no hubiera problemas morales para la actuación del rey.
El decreto de excomunión, invención fundada por el catecismo de la Iglesia católica y el derecho canónico, es una abominación aplicada a todos los desertores de la fe católica, pero si esto no se aplica, será la misma Conferencia Episcopal la que de cuentas a su dios de este pecado.
La moral católica según los católicos es una para todos los católicos pero en este entramado deja fuera un personaje, el rey.
Hoy los católicos se contradicen una vez más. El rey firma por encima de todos los políticos que sí son excomulgados. Según los católicos si el rey no firma esa ley genocida se queda sin sus privilegios económicos.
Dice el catecismo de la ICAR, el deber de rendir a dios un culto autentico corresponde al hombre individualmente y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera.
Los reyes y los príncipes no solo están exentos de la jurisdicción de la iglesia, sino que incluso les son superiores en la resolución de los conflictos de jurisdicción.
Letras apostólicas “multiples inter”, del 10 de junio de 1852:
“Qui abortum procurat, effectu secuto, in escomunicationem latae sententiae incurrit”. Quien procura el aborto si este se produce incurre en excomunión automática.
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